Nadie discute ya la necesidad de contar con alternativas energéticas: no podemos seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Y, para sustituirlos, las renovables gozan del máximo prestigio. Sin embargo, cuando se ha pisado el acelerador y los proyectos para iniciar instalaciones fotovoltaicas y eólicas se multiplican el Territorio Bobal, se alzan las voces de alarma. ¿Renovables? Si, dicen, pero con mayor control y rigor. Repasamos el impacto que estos proyectos pueden tener en la comarca.
En el visor de mapas de la Generalitat Valenciana pueden consultarse las parcelas en las que se han previsto instalar plantas fotovoltaicas y eólicas dentro del Territorio Bobal. Al abrir la capa correspondiente en la sección de energía aparecen las plantas previstas. La magia digital hace que el perímetro de cada proyecto aparezca marcado sobre la imagen del territorio: Al noreste del núcleo urbano de Requena, una de gran tamaño; otra junto a la ermita de San Blas; una más se asoma en las proximidades de la rambla de Los Morenos; otra, camino de Utiel y otra hacia Venta del Moro, cerca de Las Monjas. El sur del enorme término municipal de Requena acoge varias de diferentes tamaños y muchas más de diferente tamaño salpican la comarca, afectando especialmente a los términos de Camporrobles y Venta del Moro.
El impacto de unos proyectos gigantescos
Cualquier espectador hubiera previsto que el movimiento ecologista aplaudiría planes que hacen crecer las renovables. Lejos de ello, sus voces fueron las primeras en alzarse y llevan meses pidiendo contención y, sobre todo, la revisión del modelo propuesto. Sus argumentos han tardado en ser escuchados por el resto de la población, pero cada vez son más las personas atentas y preocupadas. Julián Soriano, portavoz de la plataforma Utiel-Requena Sostenible, cree que la gente está tardando en entender el problema de las macroplantas porque, a priori, este no debería ser un tema conflictivo. El conflicto surge cuando se comienzan a proyectar plantas con más de 200 y 300 hectáreas. “Estas macroplantas fotovoltaicas con una extensión de más de 300 campos de fútbol, con las correspondientes líneas de alta tensión, centros de distribución y otros elementos necesarios suponen un impacto enorme que va contra el presente y el futuro de la comarca”.
La ubicación y el tamaño de los proyectos está en discusión. Los ecologistas se quejan de que se quiere ocupar el suelo de grandes áreas rurales cuando aún hay mucho techo urbano e industrial sin utilizar. Y el impacto de las fotovoltaicas es alto pero el de las eólicas ‒proyectadas en casi todos los picos importantes de la comarca‒ es aún mayor: “hablamos de molinos de nueva generación que tienen casi el doble de tamaño que los actuales, con enormes bases de hormigón y la necesidad de abrir caminos de acceso hasta los mismos”.
Sacrificar la tierra y el paisaje del interior
Para Soriano el problema no son las renovables, sino el modelo elegido. “Con esta propuesta, se perpetua el poder de las grandes empresas y, con ellas, una lógica de mercado que exige siempre maximizar beneficios sin pensar en las consecuencias para la comunidad”. Por eso, frente a esta manera de entender las renovables, el movimiento propone alternativas distribuidas, capaces de potenciar plantas propiedad de los ayuntamientos y de cooperativas que puedan atender a las necesidades energéticas locales sin desatender otros aspectos. “Después de todo, la energía que se va a producir aquí no se va a consumir en la comarca, porque los proyectos presentados pueden abastecer a un millón de habitantes. Esto significa, en definitiva, que se está pidiendo a las zonas de interior que sacrifiquen su tierra agrícola productiva y su paisaje, con todo los valores económicos, patrimoniales y sentimentales que tiene. Nosotros exigimos que la administración revise estas actuaciones para que adecuen su tamaño y su ubicación a las necesidades reales de la población”.
Limitar los tamaños para que no afecten a la agricultura local
El tamaño y la ubicación de los proyectos de renovables es la clave de sus sostenibilidad a juicio de José Luis Salón. Presidente del GAL (Grupo de Acción Local) Rurable y de Revader, la red que agrupa a todos los GAL de la Comunitat Valenciana, Salón es ingeniero agrónomo, agricultor y bodeguero y opina que, para facilitar la convivencia entre las plantas fotovoltaicas y los usos tradicionales del territorio, habría que limitar la superficie de las plantas proyectadas y buscar los espacios con menor impacto visual. “Las renovables están aquí para quedarse y nos alegra mucho. Pero hay que limitar la aparición de macroplantas y determinar una distancia mínima entre cada instalación y de cada una de ellas con las carreteras”. Según el técnico, una distancia razonable a la carretera evita en gran medida el impacto visual y cita un pequeño proyecto próximo a Caudete de las Fuentes que considera un ejemplo a seguir. Y, en cuanto a la superficie, cree que un límite de 50 hectáreas es más que razonable. “Una fotovoltaica de ese tamaño ya es muy grande, pero si crece más vamos a tener problemas en todos los cultivos de la zona. Estarán ocasionados por el uso de vallados, que interferirán con la fauna silvestre, por el uso de herbicidas en sus suelos y por las escorrentías.” Salón es consciente de la urgencia de realizar la transición energética, pero pide que las soluciones no desplacen a la agricultura. “Nosotros no podemos combinar las placas y los viñedos, como sí pueden hacer en los cultivos de kiwis, pero seguro que podemos encontrar soluciones que nos satisfagan a todos”, concluye.
La descarbonización no puede ser la excusa
La voz de Salón y sus contundentes opiniones se han escuchado también el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel Requena del que forma parte. De momento, el organismo ya ha pedido prudencia a la administración regional. Pero la preocupación sigue y ya ha llegado a la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), que el pasado mes de julio aprobó un Manifiesto para la Defensa y Protección del Viñedo Español (lo puedes leer completo aquí) en el que señalaba, entre otros riesgos, el que supone una proliferación poco ordenada de renovables. Literalmente, la conferencia afirma que “estamos ante un riesgo real para nuestra viabilidad y supervivencia. La descarbonización de la sociedad y el impulso de las energías renovables no tienen que ser la excusa para poner en peligro nuestro entorno natural y agrario, la estabilidad de nuestras empresas y el sustento de miles de familias”.
El futuro no puede estar reñido con nuestra identidad
El mundo de la cultura en la comarca no han quedado al margen de la cuestión. Fernando Moya, presidente de Territorio Bobal, recuerda que esta asociación nació ligada directamente al paisaje como patrimonio común de la comarca y como aportación de nuestra identidad al resto de la ciudadanía. “El nuestro es un paisaje construido por una comunidad agraria, con una identidad y unos valores. Si dejamos que lo destruyan en nombre del futuro estamos permitiendo que nuestra identidad se diluya”. Y continúa: “estamos reivindicando la protección de las casetas de campo, de las hormas y construcciones de piedra seca, estamos reivindicando que se mantenga el monte y se cuiden las tierras de cultivo porque todos asumimos que es un patrimonio que nos enriquece, así que no podemos permitir que las macroplantas arruinen nuestro paisaje porque nuestro futuro no puede estar reñido con nuestra identidad”.
Preocupación y rechazo en los ayuntamientos
Y las administraciones locales, ¿qué papel tienen en todo esto? Juan García Escrivá, concejal de eficiencia energética y cambio climático de Requena, uno de los ayuntamientos más afectados, confirma que en la corporación municipal de la que forma parte están preocupados. “Con los proyectos fotovoltaicos inferiores a los 50 megavatios, que vendrían a ocupar unas 100 hectáreas cada uno, tenemos más capacidad de maniobra porque su aprobación depende del gobierno regional y nosotros estamos en contacto estrecho con las consellerías correspondientes; con diálogo constante creemos que todo puede ser más razonable. El problema está en las macroplantas, porque cuanto superan los 50 MW ya dependen de la administración central, y allí tenemos la impresión de que falta sensibilidad. Faltó cuando se lanzó el decreto inicial de 2020 y sigue faltando”.
García Escrivá insiste, igual que buena parte de la población local, en que se deben parar los proyectos de gran envergadura y buscar alternativas a todos los niveles. E insiste en que su ayuntamiento está actuando en los espacios en los que es competente. “En Requena estamos fomentando el autoconsumo y facilitando administrativamente que en todas las cubiertas del municipio se puedan instalar placas para reducir la dependencia energética”. Y, por supuesto, están alzando la voz para que el mundo rural no pague con su paisaje la factura de la transición energética. En ese sentido, una de las actuaciones de Requena ha sido la de solicitar a la Generalitat que se incluya la Sierra del Tejo en la zona de especial protección para las aves (ZEPA) del Alto Turia y Sierra del Negrete.
Las eólicas en conflicto con la protección natural
Pero no es solo la Sierra del Tejo. Los parques eólicos proyectados en la comarca pueden llegar a afectar a prácticamente todas sus elevaciones. Esa es la situación de Camporrobles donde, como cuenta Inma Alemany, su alcaldesa, se han proyectado parques eólicos “en tres de las cuatro cumbres del municipio; solo ha quedado libre el Molón porque ya estaba protegido. Así que no nos ha quedado más margen de maniobra que solicitar a consellería que el resto de las sierras sean declaradas zonas ZEPA”. Fue una decisión en la que todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo. “Hay ya demasiadas zonas antropizadas como para venir ahora a acabar con nuestro paisaje”, afirma contundente. Y a continuación lamenta, pesimista, que “los ayuntamientos prácticamente no pintamos nada en estas decisiones que dependen de organismos superiores”.
La reacción ha tardado en llegar, pero las voces que se alzan contra los macroproyectos suenan cada día con mayor claridad. La comarca ha sentido que su patrimonio paisajístico está en peligro. ¿Sabrán las administraciones escuchar sus propuestas? Todos los agentes consultados confían en lograr una transición hacia las energías renovables que resulte sostenible también socialmente.